Los bancos financiarán el organismo en función de las reclamaciones que generen y se multará a los denunciantes de mala fe.
El Congreso de los Diputados ha aprobado nueva ley de creación de la
Autoridad Independiente de Defensa del Cliente Financiero, que será remitida
ahora al Senado. La norma nace con cambios importantes respecto al texto
remitido por el Gobierno, entre ellos la desaparición de la polémica tasa de
250 euros por reclamación que, a juicio de los bancos, generaba un incentivo
para denunciar.
El nuevo texto incluye no solo modificaciones en la financiación del
organismo, sino también en aspectos como las denuncias de mala fe o la
capacidad de los bancos para recurrir las decisiones.
Este nuevo defensor de clientes de bancos, aseguradoras y productos
financieros aglutinará tareas que hasta ahora realizaban los servicios del
Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. Tiene como objetivo dictar
resoluciones con celeridad en reclamaciones por importe inferior a 20.000
euros.
Los bancos
aportarán en función de las denuncias recibidas y de las sanciones
Uno de los principales cambios en el trámite parlamentario ha sido el
de la financiación. Frente al planteamiento inicial, muy criticado por los
bancos al obligarles a aportar 250 euros por cada denuncia en su contra, la
autoridad seguirá sufragándose a través de las entidades, pero mediante una
tasa anual calculada a partir de los gastos generados en el año anterior.
El 40% de los costes se repartirá entre las entidades en proporción a
la cantidad de reclamaciones recibidas por cada una de ellas, mientras que el
60% restante se sufragará en función de las resoluciones favorables a los
clientes registrada por cada entidad.
Este mecanismo elimina el incentivo perverso de los clientes a
denunciar de mala fe, conocedores de que cada expediente, al margen de su
resultado, le costaría 250 euros al banco. La norma incluirá además una sanción
para quienes denuncien de manera reiterada en el periodo de un año y sin
fundamento, cuyo importe oscilará entre los 50 y los 300 euros.
Un adelanto
en enero y posibilidad de recurrir ante los tribunales
Para calcularse la tasa anual, se contabilizarán los costes de la
autoridad en el año anterior. A comienzos de cada año, durante el mes de enero,
los bancos deberán realizar un pago a modo de anticipo.
La norma también elimina a su paso por el Congreso el riesgo de
inconstitucionalidad al garantizar la tutela judicial efectiva. En su
formulación inicial, las resoluciones de la autoridad eran vinculantes, pero
ahora los bancos disconformes con su contenido podrán presentar un recurso
contencioso-administrativo ante los tribunales.
Se amplía además la protección especial a las personas mayores a otros
colectivos como los emigrantes o los minusválidos. Cuando la reclamación no
tenga un contenido económico y se aprecie una vulneración de los códigos de
buenas prácticas firmados por los bancos, la autoridad podrá imponer un
resarcimiento económico a favor del cliente de entre 100 y 2.000 euros.
Hay además un catálogo de infracciones para las prácticas irregulares
que se detecten entre los bancos. Oscilarán en función de su gravedad, entre
los 500.000 euros y los 2 millones de euros. La autoridad también podrá multar
a directivos de entidades financieras responsables de conductas irregulares con
hasta un millón de euros.
La norma también obligará a los bancos a dar a conocer la existencia de
cuentas de pago básicas y sus condiciones para los clientes. Deberán informar
de ellas en su web y también en los tablones de anuncio de las sucursales.
El Gobierno
valora la mejora del texto en el Parlamento
En los pasillos del Congreso, el secretario de Estado de
Economía, Gonzalo García Andrés, ha calificado la norma de
"definitiva y muy importante" para la protección de los clientes
financieros. "El texto ha mejorado en el trámite parlamentario en aspectos
fundamentales como su financiación, con una tasa que genera incentivos a las
entidades".
También ha destacado el nuevo "engarce entre la jurisdicción civil
y la autoridad", así como el nuevo régimen de acceso a cuentas bancarias
básicas. "Será una pieza fundamental para reforzar la inclusión financiera
y dará más confianza a los clientes al contratar", al tiempo que "será
positivo para las entidades al rebajar la litigiosidad en los tribunales".
FUENTE: LA VANGUARDIA
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