El Gobierno ya ha autorizado más del 73% de las ayudas e inversiones previstas para este año
España ha recibido dos buenas noticias en los últimos 10 días. Por un lado, las autoridades comunitarias han avalado el primer desembolso de los fondos europeos por importe de 10.000 millones, tras dar por bueno el cumplimiento de los primeros 52 hitos o compromisos incluidos en el Plan de Recuperación y Resiliencia. Y en segundo lugar, Bruselas dio el pasado jueves luz verde al plan estratégico (PERTE) del automóvil, que incluye inversiones por 3.000 millones. Ambas noticias son el reflejo de que la gestión de los fondos europeos se está acelerando en los últimos meses tras un inicio repleto de dificultades.
Los primeros pasos fueron titubeantes. El hecho de ser el primer país en presentar el Plan de Recuperación intensificó el escrutinio de Bruselas, que analizó cada coma del extenso documento que recoge las reformas estructurales (reforma laboral, pensiones, tributaria...) e inversiones.
En los Presupuestos de este año, el Gobierno incluyó una partida de 24.198,28 millones de fondos europeos, y prevé movilizarlos en su mayoría tras el acelerón de los últimos meses. En octubre firmó el último documento de seguimiento y control con Bruselas para garantizar el buen empleo de los fondos y desde entonces se han multiplicado las adjudicaciones. Hasta el pasado miércoles, ya se había autorizado algo más del 73% —unos 18.000 millones— y se había comprometido un 64,5% —por encima de los 15.600 millones—, según fuentes gubernamentales. Es decir, supera en un 50% el dato acumulado que había a comienzos de septiembre. Además, el Ejecutivo incluyó en los Presupuestos una disposición que le permitirá ejecutar en 2022 lo que no comprometa ahora.
“El ritmo siempre es menor al principio hasta que se alcanza velocidad de crucero. Si nos comparamos con el resto de países, estamos muy avanzados”, dicen fuentes de La Moncloa. El difícil arranque se explica por diversos motivos: la primera mitad del curso fue casi inhábil mientras se cerraba la negociación del Plan de Recuperación con Bruselas; se partía de cero en la creación de la estructura, y no se contaba con referencias de otros países. Además, se necesitaba alinear toda la maquinaria pública, que era como hacer pasar el Titanic por un río. “Había ministerios acostumbrados a un presupuesto de 100 millones y de pronto tienen que administrar ayudas por 2.000 millones. Eso requería reforzar departamentos y cambiar la mentalidad”, explica un alto cargo.
La ejecución del plan suponía un gran desafío para todas las administraciones públicas. Tienen que invertir en tiempo récord los 140.000 millones de las ayudas europeas, una cantidad equivalente a todos los fondos estructurales que ha recibido España desde su entrada en la UE, según recuerda la vicepresidenta primera, Nadia Calviño.
El país que más fondos recibe
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Tras los suspensos en otras crisis, esta vez España ha querido ser un alumno modélico. Es, tras Italia, el Estado de la UE que más fondos recibe. Todas las miradas se dirigen al país, ya que de la gestión que haga depende que este instrumento temporal lanzado por Bruselas para conjurar la crisis del virus se convierta en estructural. Por eso, España fue el primer país en presentar el plan, el primero en recibir el visto bueno de la UE, el primero en recibir el primer cheque de ayudas y en firmar el protocolo de controles y el itinerario de reformas e inversiones. Ahora también ha sido el pionero en sacar un PERTE adelante. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, supervisa de cerca su evolución y presiona para que se cumplan los plazos, admiten fuentes gubernamentales.
Fuentes de La Moncloa reconocen que existió un cuello de botella inicial y se tuvieron que reforzar los equipos. Pero es una etapa, dicen, ya superada. Incluso en las autonomías, que siguen a rebufo. En este caso van por detrás porque esperaron a conocer los detalles del plan para sacar sus convocatorias. “Nos gustaría que fuesen más rápido, aunque en las últimas semanas ya han acelerado mucho”, admiten. El Gobierno ya ha transferido más de 11.000 millones a las comunidades, que también están acelerando.
Un funcionario que conoce los entresijos de la gestión de los fondos achaca la demora también a la obligación de cumplir los farragosos requisitos de la Comisión. Y recuerda un episodio que le contó un veterano al llegar a su puesto: cuando los estudiantes universitarios protestaban en los setenta contra la dictadura, gritaban “fuera Franco”. Entonces, uno de los alumnos de Derecho respondió: “Sí, compañero, pero eso también tiene su procedimiento”. Eso ocurre ahora con el maná europeo: hay que repartirlo cuanto antes, pero respetando los procesos legales. También hubo cierta congestión por el exceso de cautela de algunos funcionarios a firmar las convocatorias ante el riesgo de problemas legales. Tras el acuerdo de los procesos de control y seguimiento con Bruselas, estas reticencias han desaparecido.
La realidad es que Bruselas ha presionado de lo lindo con el plan español. La Moncloa creó un grupo de trabajo, liderado la secretaría de Estado de Fondos Europeos, junto a la Oficina Económica de La Moncloa para el despliegue del plan. El grupo estaba formado por media docena de funcionarios de todos los ministerios para coordinarlo. Han sudado tinta para sacarlo adelante por las presiones de la Comisión, que quería endurecer la tutela y supervisión, y reservarse la última palabra en cada reforma e inversión. Las autoridades comunitarias consideraban que lo que hicieran con España, al ser el primero, servía de ejemplo para otros países.
Críticas al Gobierno
Pese a las trabas iniciales y el acelerón de las últimas semanas, al Gobierno le llegan las críticas. Luis Garicano, vicepresidente del grupo liberal en el Parlamento Europeo, valora el trabajo realizado en la negociación con la Comisión, pero tilda de deficiente la labor previa en España: “El Gobierno ha demostrado ser muy hábil en los pasillos de Bruselas, pero no parece tener la misma capacidad para coordinarse con las autonomías”. Fuentes gubernamentales responden que han celebrado 52 conferencias sectoriales con las comunidades, en las que se ha decidido el reparto de los fondos.
Elvira Rodríguez, del PP, reconoce el acelerón del plan en los últimos días, pero echa en falta proyectos transformadores. “El grueso del gasto hasta ahora son transferencias a las autonomías y a empresas dependientes como Adif [lleva al menos unos 2.000 millones]. El resto, que es lo importante, va muy retrasado”. Sin embargo, el Ejecutivo ya ha desbloqueado el PERTE del automóvil, encallado durante meses en Bruselas por temas de competencia —Sánchez se involucró personalmente para desbloquearlo—, también dio luz verde al plan estratégico sanitario, y en las próximas semanas prevé lanzar otro.
Raymond Torres, director de coyuntura de Funcas, reclama por su parte más transparencia. “Me sorprende que todavía no haya información periódica clara y mucho más completa sobre lo que se ha ejecutado. Por eso me fijo más en los datos de la IGAE (Intervención General de la Administración del Estado), que son compromisos y obligaciones reconocidas”, argumenta. Según la IGAE, hasta octubre se comprometieron unos 6.800 millones. Fuentes oficiales reconocen que aún faltan por reclasificar inversiones comprometidas antes del plan europeo —sobre todo en Cercanías y el Corredor Mediterráneo— que Bruselas permite financiar con estos fondos, y las que figuran en otras partidas contables, que aún hay que recolocar.
Para tratar de aportar más luz, Hacienda ultima una herramienta pública en la que se podrá consultar el estado de todas las convocatorias, que se unirá a la página web de los fondos europeos. “En la web está todo lo que hay de la Administración del Estado desde julio. Falta lo que hubiera antes de esa fecha”, explica uno de los encargados de la gestión. En esa web, hasta el pasado jueves, había casi 250 convocatorias que sumaban cerca de 8.000 millones, aunque no entra aún todo lo que adjudican las autonomías.
Otro alto cargo resta importancia a las críticas y se muestra optimista sobre el ritmo alcanzado en el tramo final del año: “2022 será muy potente, con el dinero ya en la calle desde el inicio”. La previsión es que España acabe el ejercicio con un gasto comprometido superior al 80%, cerca de los 20.000 millones de euros, aunque se muestran cautos porque son conscientes de la envergadura y dificultades del plan.
Sobre las críticas, Federico Steinberg, investigador del Real Instituto Elcano, añade: “Es cierto que se tarda en coger velocidad de crucero y que ya parecen estar ahí. Aunque sí creo que hubo un exceso de cautela en la primera mitad del año, entiendo que por miedo a que no llegasen los fondos, pero se podrían haber adelantado algunas convocatorias”.
Convertir el plan en anticíclico y estructural
Al inicio, había dudas sobre si el plan europeo debía servir como una herramienta anticíclica —que ayudase al país a levantarse tras la pandemia— o si los recursos debían modernizar la estructura productiva. Ahora, con los fondos en marcha, el Gobierno sube la apuesta: “Queremos que sirva para las dos cosas”, señalan fuentes gubernamentales. Aspiran a acelerar la salida de la crisis de la covid y a financiar las reformas que transformen la economía para las próximas décadas. A pesar de ello, no todos creen que se puedan lograr ambos objetivos. Toni Roldán, director del Centro de Políticas Económicas de Esade y exCiudadanos, remarca: “No es contracíclico porque llega tarde”.
FUENTE: EL PAÍS
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