«Ofensiva europea contra la ingeniería fiscal. Hasta 70.000 millones anuales al alcance, según el Parlamento Europeo... Solución a la vista a la falta de ingresos tributarios». Es posible que el desarrollo intelectual del plan de persecución del fraude que prepara la UE haya sido más evolucionado que el descrito. O no. Porque si algo es evidente es que ni el término ingeniería fiscal reviste el más mínimo rigor jurídico, ni el agotamiento de las arcas públicas permite dejar de pensar en que lo único que busca la UE es recaudar.
El primer gran aviso se llamó Apple: 13.000 millones de multa por cumplir lo que exigió un gobierno soberano, el de Irlanda. Pero la situación que ha disfrutado Apple ha sido habitual para un buen número de multinacionales: sólo Luxemburgo firmó con más de 350 empresas -Pepsi, Ikea, Fiat o Amazon- acuerdos para reducir al mínimo su factura fiscal. Pactos tan ausentes de polémica en su momento que los firmó el gobierno que presidía quien hoy encabeza la Comisión Europea, Juncker.
Pero hoy las cosas han cambiado. La política monetaria ha mostrado sus limitaciones; el nivel de deuda de las grandes economías europeas ha rebasado el 100% o está a punto; y la capa asalariada -habitual diana fiscal- difícilmente asumirá más impuestos sin dejar su huella en un profundo paro estructural o en bases de cotización incapaces de financiar el estado del bienestar. Entonces, casualmente, la Administración europea se acuerda de algo operativo en Europa desde hace 40 años y que los gobiernos no habían perseguido porque lo regularon como mecanismo de atracción de empresas.
¿Qué perseguirá Bruselas con su propuesta de lucha contra la ingeniería fiscal? ¿A las mismas empresas con las que los gobiernos de la UE firmaron rebajas tributarias para que se instalaran en sus territorios? ¿O va a luchar contra el deseo de cumplir con la ley con el menor pago fiscal? Moscovici ha asegurado que «este dinero se saca de hospitales, escuelas, seguridad». Costes que «soportan los contribuyentes y compañías europeas que sí contribuyen con su parte justa». Pero olvida que esas empresas injustas fueron invitadas por los gobiernos que ahora les pretenden recaudar y que negociaron con ellas los recovecos legales. ¿Perseguirá Moscovici a esos gobiernos?
Siempre habrá países dispuestos a atraer empresas ofreciendo baja tributación. Me temo que este plan recaudador convenza a muchas de que Europa es ya territorio hostil.
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