El Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha emitido una sentencia de gran relevancia en relación con los derechos laborales de una profesora que padece discapacidad visual. Esta decisión judicial subraya de manera contundente la obligación que tienen los empleadores de adaptar las condiciones laborales de sus empleados para garantizar la igualdad de oportunidades y la no discriminación en el entorno educativo. La sentencia, que condena a la administración educativa a implementar medidas específicas para la adaptación del puesto de trabajo de la docente, establece un precedente importante en la aplicación de la normativa de prevención de riesgos laborales y en la Directiva 2000/78/CE de la Unión Europea, que busca proteger los derechos de los trabajadores con discapacidad.
La sentencia número 3425/2024, que fue dictada el 10 de julio de 2024, se deriva de un recurso de suplicación presentado por la Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria. Este recurso fue interpuesto contra una decisión previa del Juzgado de lo Social número 2 de Santiago de Compostela. La profesora, identificada en el proceso judicial como Fernanda, solicitó ajustes en su horario laboral debido a su discapacidad visual, la cual le impide trabajar en condiciones de poca luz y afecta su movilidad, complicando su desempeño diario en el aula y su bienestar general.
Fernanda, quien se desempeña como funcionaria en el cuerpo de Profesorado de Educación Secundaria, solicitó que su jornada laboral se adaptara para que pudiera trabajar exclusivamente en horario diurno. En su peticionario, la docente enfatizó la necesidad de garantizar una buena iluminación en el centro educativo y evitar tener que entrar y salir del mismo durante la noche, lo que podría poner en riesgo su seguridad. A pesar de sus solicitudes razonables y justificadas, la administración educativa no implementó las medidas necesarias para cumplir con estas adaptaciones, lo que llevó a la profesora a presentar una demanda por incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales, buscando así la protección de sus derechos laborales.
El Tribunal Superior de Justicia de Galicia desestimó el recurso interpuesto por la Consellería, confirmando la sentencia del juzgado inferior que obligaba a la administración a adoptar las medidas adecuadas para la adaptación del puesto de trabajo de la profesora. La sentencia establece de manera clara que la falta de adaptación a las necesidades de la docente constituye una forma de discriminación por razón de discapacidad. Además, el tribunal determinó que la administración tenía la responsabilidad de implementar ajustes razonables desde el inicio del curso escolar, asegurando así un entorno laboral justo y equitativo para todos los docentes.
Además de ordenar la adaptación del horario laboral, el tribunal condenó a la Consellería a indemnizar a la profesora con 7,500 euros por los daños y perjuicios sufridos debido a la falta de cumplimiento de la normativa. Esta decisión resalta la importancia de que las instituciones educativas cumplan con sus obligaciones legales para garantizar un entorno laboral inclusivo y accesible para todos los empleados, independientemente de sus capacidades físicas. La indemnización no solo busca reparar el daño sufrido por Fernanda, sino también enviar un mensaje claro a otras instituciones sobre la necesidad de cumplir con la ley y respetar los derechos de todos los trabajadores.
La sentencia se fundamenta en la Directiva 2000/78/CE, que establece un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, así como en la legislación nacional sobre prevención de riesgos laborales. El tribunal enfatiza que los ajustes razonables son esenciales para asegurar que las personas con discapacidad puedan acceder a un entorno laboral que les permita desempeñar sus funciones de manera efectiva y sin discriminación. Esta normativa busca promover un ambiente de trabajo que respete la dignidad y los derechos de todos los trabajadores, garantizando que nadie sea excluido o discriminado por su condición.
Esta resolución del Tribunal Superior de Justicia de Galicia no solo tiene implicaciones para el caso específico de la profesora Fernanda, sino que también establece un precedente importante para la protección de los derechos laborales de las personas con discapacidad en el ámbito educativo y más allá. La decisión refuerza la necesidad de que las instituciones educativas y los empleadores en general adopten medidas proactivas para garantizar la inclusión y la igualdad de oportunidades para todos sus empleados, creando así un entorno laboral más justo y equitativo.
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