La portavoz ha concretado que las autonomías dispondrán de 360 millones para impulsar la conectividad digital en lugares de referencia como hospitales, centros educativos, polígonos industriales y centros logísticos, facilitar bonos de conectividad a colectivos vulnerables y adaptar las infraestructuras de telecomunicaciones en los edificios construidos antes del año 2000.
Los restantes 140 millones se destinarán a la formación, con énfasis en los colectivos en riesgo de exclusión social y en la lucha contra la brecha digital de género.
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