En un paso significativo para la protección de los derechos del consumidor, el Juzgado 104 de Madrid ha solicitado la imposición de sanciones a los bancos que obligan a los clientes a acudir a juicio para resolver casos relacionados con los créditos revolving, los cuales son resueltos en un 95% a favor del consumidor. Este juzgado, creado en 2023 para resolver casos vinculados a contratos bancarios y productos financieros, ha expresado su preocupación por el uso indebido de los tribunales, especialmente cuando se trata de temas que se resuelven de forma favorable para los clientes.
El comunicado, dirigido al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, así como al Banco de España, ofrece la disposición del juzgado para compartir el listado de entidades bancarias que insisten en llevar estos casos a juicio. Se advierte que este comportamiento podría estar en contravención de las normativas de protección al consumidor, lo que podría derivar en infracciones administrativas.
Patricia Suárez, presidenta de ASUFIN, ha aplaudido la iniciativa del juzgado, destacando que la asociación lleva años denunciando el abuso por parte de las entidades bancarias, que utilizan los tribunales como una estrategia para dilatar los procesos y retrasar la devolución de lo que se debe a los consumidores. Suárez subraya que este comportamiento, que incluye la sobrecarga de los tribunales, constituye una "reserva encubierta" para la banca, en detrimento de los derechos de los usuarios.
En este contexto, ASUFIN también critica la actitud de otros juzgados especializados en cláusulas abusivas, los cuales, lejos de proteger al consumidor, facilitan el proceso para que las entidades bancarias no enfrenten las consecuencias de sus malas prácticas. La reducción de las costas procesales en favor de los bancos crea un entorno desincentivador para que los consumidores defiendan sus derechos en los tribunales.
De acuerdo con ASUFIN, el Juzgado 72 de Madrid ha adoptado una postura similar, al permitir que los bancos no paguen las costas judiciales, incluso cuando el fallo se dicta a favor del consumidor. Este tipo de decisiones contribuye a la desprotección del consumidor, quien termina asumiendo costos adicionales, incluso cuando tiene razón en su reclamo.
ASUFIN ha reiterado la necesidad de que tanto la Dirección General de Consumo como el Banco de España tomen cartas en el asunto y reaccionen ante esta conducta de las entidades bancarias. Asimismo, se sigue esperando una respuesta de la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero, cuyo establecimiento podría ser crucial para resolver el actual vacío de cumplimiento de derechos de los consumidores.
El comportamiento de los bancos y la inacción en la resolución extrajudicial de conflictos son temas que continúan afectando a los consumidores, generando un sistema judicial sobrecargado y costoso, mientras que las entidades de crédito siguen evitando responsabilidades.
IURISPREVEN Central
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